Escuelas protegidas: Comisión de Educación votaría idea de legislar hoy lunes 11 de mayo

Valparaíso, 11 mayo 2026.-

En pleno proceso de escucha se encuentran los integrantes de la Comisión de Educación que están estudiando el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, más conocido como escuelas protegidas.

El mensaje que cuenta con discusión inmediata fue analizado por el presidente de la instancia, el senador Gustavo Sanhueza; la senadora Yasna Provoste; y los senadores Vlado Milosevic, Rojo Edwards y Cristián Vial, el lunes 4, miércoles 5 y jueves 6 de mayo.

El lunes 11 de mayo se espera votar en general y recibir a cinco actores que solicitaron ser escuchados. Ese día se fijaría un plazo interno para presentar indicaciones que sería el viernes 15, dado que la Comisión está mandatada por la Sala para votar en general y particular a la vez.

Así las cosas, el miércoles 13 y el jueves 14 se realizarían más audiencias cosa de efectuar el debate de las enmiendas el lunes 18. La idea es que la Sala pueda votar la propuesta esa semana para despacharla a tercer trámite.

La senadora Yasna Provoste y el senador Vlado Milosevic pidieron durante el debate, que el Ejecutivo elimine la urgencia para escuchar a todos los invitados sin premura considerando que muchas de las observaciones darán lugar a indicaciones.

AUDIENCIAS

Durante esas jornadas, la y los legisladores escucharon a la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; la ministra de Salud, May Chomali; el ministro de Justicia, Fernando Rabat; el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez; la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana; el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet; el defensor de la Niñez, Anuar Quesille; y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic.

También se hicieron presentes la Unión de Profesionales de la Educación; Fundación Escuelas Abiertas; la directora del Instituto Superior Comercio Enrique Maldonado de Talca, María Consuelo Pérez; el Colegio de Profesores; y la directora del Centro de Investigación de Educación Inclusiva y el Programa de Convivencia Escolar de la PUCV, Verónica López; la Oficina Nacional de la UNESCO; la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros; y la Oficina de Educación de Unicef Chile.

Los invitados han dividido sus opiniones a la hora de apoyar el proyecto en segundo trámite. En las sesiones se ha conocido la voz de los expertos en educación, profesores y dirigentes describiéndose situaciones cotidianas como las tomas y movilizaciones, el ingreso de encapuchados a los establecimientos y la imposibilidad del profesorado de ejercer su rol.

A favor del proyecto:

• Gran parte del problema responde a la burocracia escolar porque el reglamento de la ley Aula Segura debe indicar claramente cómo proceder ante un hecho de violencia, lo que no ocurre.

• Las leyes impiden que los equipos directivos y docentes puedan contener la violencia en los establecimientos (se garantiza la autonomía de las organizaciones estudiantiles en la que la dirección no puede intervenir; la ley de inclusión terminó con la meritocracia, así el algoritmo no incluye el historial conductual del estudiante; y la Superintendencia de Educación prohíbe la revisión de mochilas sin orden judicial).

• El proyecto da herramientas concretas a directores, equipos y profesores porque permite la revisión de mochila, devuelve al adulto la capacidad de actuar, facilita la intervención de las policías en contexto de urgencia, prohíbe el uso de overoles y capuchas, sanciona a los que impidan el normal funcionamiento de las clases y aplica sanciones disuasivas.

• Se abogó por generar un sistema paralelo para los estudiantes expulsados por violencia escolar que promueva los exámenes libres y el apoyo emocional.

En contra del proyecto:

• El proyecto solo se concentra en un enfoque punitivo y de control que podría generar expectativas poco realistas porque el problema de fondo (el no contar con las condiciones de seguridad mínimas para el aprendizaje) no se resuelve con revisiones de mochilas ni expulsar a los estudiantes conflictivos. La clave es dar un enfoque multifactorial.

• Estudios han demostrado que este enfoque punitivo no reduce la violencia, por el contrario, cuando se implementa apoyo sicosocial al alumno y su familia, sí hay una disminución de estas conductas.

• El proyecto no dice nada sobre salud mental. Hoy los establecimientos no saben a quién derivar a los jóvenes agresores.

• La efectividad de los programas de acompañamiento escolar es baja porque el sistema se orienta solo a aprobar las pruebas estandarizadas.

• La sanción no genera aprendizaje sino mayor violencia.

• Es necesario hacer distinciones por tramo etario respecto a las sanciones y el abordaje de la conducta. En esa línea, entregar una formación específica a los alumnos que cumplen 14 años dado que desde ese momento tienen responsabilidad penal.

• Prohibir la gratuidad a alumnos que hayan sido condenados por estos delitos, es un error porque vulnera el principio de igualdad ante la ley.

• En el caso que el estudiante no deje que le revisen a su mochila, y su apoderado no se apersone, se podrá llamar a Carabineros, podría haber vulneración y afecta la presunción de inocencia.

• Debe incluirse que los apoderados asuman la responsabilidad cuando sus hijos atenten contra la infraestructura escolar.