Fueron encontrados culpables de falsear datos sobre siembra de salmones y provocar daño ambiental
Lunes, 23 de Junio 2025.
Las organizaciones ambientales FIMA, Greenpeace y AIDA valoraron el reciente fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó a cuatro ex ejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral por su responsabilidad en delitos ambientales ocurridos entre 2016 y 2019, en centros de cultivo ubicados en Porvenir, Región de Magallanes.
Se trata de un fallo histórico, ya que es la primera vez que ejecutivos de la industria salmonera son condenados por el delito de contaminación de aguas y falsificación de documentos. “Sienta un precedente: quienes cometan estos delitos ya no serán castigados sólo por la vía administrativa, sino también por la penal y arriesgan, incluso, penas de cárcel”, señala Roxana Núñez, abogada y especialista en incidencia de Greenpeace.
El tribunal dictó veredicto condenatorio contra el exgerente regional Drago Covacich y el exgerente general Nicos Nicolaides, como autores del delito consumado y reiterado de contaminación de aguas, y contra Isaac Olivet-Besson y Rigoberto Garrido, como encubridores del mismo crimen. Además, Covacich fue condenado por el delito de entregar información falsa a la autoridad, tras acreditarse que manipuló informes entregados a Sernapesca, alterando indicadores sanitarios y ambientales.
Aunque el tribunal absolvió a los acusados del cargo de fraude de subvenciones, las organizaciones esperan que esta decisión sea apelada. “La investigación demuestra que la empresa mantenía un modus operandi sistemático y estructurado para delinquir, y que se benefician ilegítimamente con cerca de 60.000 millones de pesos de subvenciones por la ley Navarino, provenientes de los impuestos de todos los chilenos”, añade Sofía Barrera, encargada de litigios de ONG FIMA.
Según una investigación de El Mostrador, Nova Austral falsificó cifras de mortalidad de salmones, ocultó daños en el fondo marino y sobre produjo más allá de lo autorizado, obteniendo ganancias ilícitas por más de 3.700 millones de pesos, a costa de la destrucción de áreas marinas hoy completamente degradadas.
«Es fundamental destacar que este caso fue juzgado bajo los más altos estándares probatorios del sistema jurídico chileno. La condena de estos altos ejecutivos evidencia, a nuestro juicio, que se trató de una decisión empresarial consciente de vulnerar la ley y dañar el medio ambiente», agregaron desde las organizaciones.
Finalmente, ONG FIMA, Greenpeace y AIDA hacen un llamado a que las penas, que se conocerán en los próximos días, sean ejemplificadoras y proporcionales al daño causado, para impedir que industrias inescrupulosas sigan lucrando a costa del deterioro ambiental.
“Este tipo de delitos tiene víctimas invisibles pero concretas: los ecosistemas afectados, la biodiversidad marina y el patrimonio común de todos los chilenos”, Cristina Lux de AIDA.
