EN LAS REGIONES MINERAS LA PACIENCIA SE AGOTA

Sábado, 12 septiembre 2026.-

Por Carlos Cantero Ojeda, Geógrafo, Doctor en Sociología. 

No hay identidad ni reconocimiento con las zonas mineras: solo indiferencia del país y de la industria. Somos «espacios» de tránsito y operaciones, no «lugares» con valor simbólico, identidad y afectos. Calama lleva cien años entregando cobre al país con una ciudad precaria y promesas incumplidas. Antofagasta ha retrocedido en casi todos sus indicadores en dos décadas; el resto de la macrozona repite el escenario: listas de espera, déficit habitacional, educación bajo el promedio, carestía, ciudades contaminadas y congestionadas, mientras la riqueza se administra a más de mil kilómetros. Mientras la minería goza del boom de precios, con rentabilidades millonarias, las ciudades mineras muestran postergación. La paradoja no admite diagnósticos: exige respuestas o movilizaciones.

Es necesario decirlo claro: el manejo de los recursos públicos denota mediocridad en la gestión político-administrativa. Se requiere planificación y visión prospectiva participativa, mejorar la formulación y ejecución de proyectos estructurales y, sobre todo, se requiere una fiscalización efectiva.

Se acrecienta la indignación ciudadana por reivindicaciones frustradas. El reclamo no basta: es ruido que la industria tolera, entre lisonjas y think tanks pagados por la minería, no para pensar libremente el territorio, sino para responder a los intereses corporativos.

En lo público-privado, el Creo Antofagasta muestra escasos frutos tangibles. En la provincia de El Loa, la última mentira fue el Calama PLUS, que se desvaneció en la nada. Iniciativas como el CICITEM, el Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería, vinculado al GORE de Antofagasta, la UCN, la UA y CONICYT, terminaron en un escándalo de corrupción en el que muchos eluden responsabilidades.

Hemos visto algunos avances a lo largo del tiempo. Pero los resultados en calidad de vida y en indicadores de desarrollo humano muestran un modelo de desarrollo mezquino. El modelo minero es abusivo e insostenible: estándares de clase mundial en la faena, mientras sus oficinas y tributos se quedan en las comunas ricas de Santiago. Pero en la región, fuera de la cerca del yacimiento, hay contaminación y congestión vial; sus contratos tienen la conectividad aérea bloqueada con ciudades y regiones vecinas, y la carestía en las ciudades mineras se incrementa. Es la lógica del enclave minero: solo prosperan la minería, los malls y el transporte aéreo, con aeropuertos saturados de mineros foráneos.

Los informes oficiales señalan que más de 111.000 trabajadores de la minería —directos e indirectos— no residen en la región: llegan, cumplen turno y se van. La industria viola la normativa de jornadas mineras especiales, sacando de las regiones buena parte de sus recursos e ingresos, además de importantes procesos, a la vista de autoridades y políticos con desidia, cuando no con corrupción ideológica (no hace falta un soborno, basta con no ver lo debido). Esa complicidad entre la industria, la autoridad y la política es dañina, dejándonos con leyes que existen solo en el papel.

Es momento de decisiones: movilización organizada y diálogo real, no el reservado a dóciles. No se trata de rechazar la minería, sino de exigir que su aporte se traduzca en desarrollo donde se genera la riqueza.

Hay modelos que muestran que esto es posible: en Canadá, acuerdos vinculantes garantizan participación, empleo y compensación en las zonas mineras; en Australia, las regalías indígenas bajo la Ley de Título Nativo aseguran ingresos permanentes y veto sobre nuevos proyectos; en los Países Bajos, el daño de Groningen obligó al Estado a comprometer miles de millones en compensación y reinversión regional; en Kiruna, Suecia, el traslado urbano por la expansión minera se gestiona junto a la comunidad. Ninguno es perfecto, pero comparten lo que en Chile falta: reciprocidad exigible, con plazos, no atada a la voluntad de la empresa ni del Estado.

No es razonable que personas vinculadas a las mineras o sus parientes hagan vocerías diciendo a los habitantes de las zonas de sacrificio que todo va bien o que en el futuro esto se solucionará. El futuro es ahora. La paciencia de las regiones mineras se agota, no por falta de diálogo, sino porque un siglo de espera sin resultados constituye un límite. En los círculos sociales se habla con convicción de que la próxima etapa se escribirá en las calles, movilizados. ¿Será razonable llegar a ese límite? El momento de actuar con organización y exigencias concretas es ahora.