Calama, 28 noviembre 2024.- 17:27 pm.
Aun no asumen en pleno la administración de la educación y ya empezaron las graves dificultades de esta administración contra los funcionarios del Slep Licancabur, demostrando que se vienen tiempos difíciles para el sistema.
Cabe destacar que en otras regiones donde ya se trabaja con este sistema administrativo educativo, como Copiapó, los problemas llevaron a un gran paro educacional afectando y dañando a los estudiantes.
Ahora le toca a esta zona que entra en este proceso a partir de enero del 2025 pero, que ya están instalados haciendo funcionar el sistema para el aterrizaje administrativo de la educación.
Al respecto la Asociación de Funcionario Lincancabur han realizado una grave acusación contra este sistema administrativo, de persecuciones, despidos injustificados entre otras graves denuncias.
COMUNICADO
«La Asociación de Funcionarios Licancabur denuncia con firmeza las desvinculaciones arbitrarias e injustificadas de funcionarios del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, prácticas antisindicales, vulneración de derechos, acoso laboral y malas decisiones administrativas que afectan tanto a los empleados como al funcionamiento del sistema educativo.
Estas acciones, lejos de ser justificadas, se realizan bajo un clima de discrecionalidad y persecución hacia quienes defienden la educación pública.
Además, se critica la contratación directa de personal sin seguir los procesos de concurso público, lo que favorece el clientelismo y afecta los principios de igualdad y mérito.
La dirección de Educación Pública, el Ministerio de Educación y Parlamentarios no han mostrado interés en solucionar estos problemas, dejando a los funcionarios sin respuesta. Denunciamos que la Junta Calificadora, encargada de evaluar el desempeño de los funcionarios, aún no se ha constituido, lo que pone en evidencia la falta de transparencia y el desprecio por el proceso.
Se hace un llamado urgente a investigar todas las irregularidades, exigir responsabilidades y garantizar que los procesos de contratación sean transparentes y basados en méritos.
Además, se exige que cesen las represalias laborales contra los funcionarios, que están siendo perseguidos por formar parte de la Asociación Gremial o por denunciar irregularidades.
La educación pública debe ser defendida de intereses personales y políticos, promoviendo un sistema justo y transparente.»
