La senadora Paulina Núñez afirmó que “es relevante dilucidar no sólo administrativamente sino también penalmente” el caso de los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Martes, 20 junio 2023.- 11:29 am
La senadora Paulina Núñez hizo un llamado al Ministerio Público a que inicie una investigación de oficio para esclarecer eventuales ilícitos en el caso de los tres convenios de transferencias de recursos por $426 millones de pesos firmados por la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes del partido oficialista Revolución Democrática.
Los contratos, firmados por el ahora renunciado seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien se vio obligado a abandonar su cargo en medio de la polémica, serán investigados administrativamente por el Minvu, cartera que señaló que es necesario “despejar dudas y establecer responsabilidades en la región sobre este tema”. No obstante, para la parlamentaria esto no es suficiente y se deben indagar también posibles responsabilidades penales.
“Es relevante dilucidar no sólo administrativamente sino también penalmente las circunstancias de los actores involucrados de manera de esclarecer también posibles ilícitos penales vinculados al tráfico de influencias tipificado en nuestro Código Penal. El Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio”, señaló la senadora Núñez.
El exseremi del Minvu Antofagasta, Carlos Contreras, trabajó como asesor de la diputada Pérez durante el 2020, mientras que el director de la fundación y pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade, se desempeñó como asesor en la subsecretaría de Defensa hasta hace algunos días, cuando presentó su renuncia al cargo.
Para Paulina Núñez, “jugar con recursos que tendrían que haberse invertido en la construcción de viviendas para familias que están esperando por años, que sufren todos los días por no poder tener las condiciones mínimas para mantener a sus hijos en una casa con un baño, con agua, con luz, no sólo es grave, es despreciable”.
“Estamos hablando de recursos que perfectamente podrían haber financiado más de 200 subsidios de arriendo por todo un año, eso equivale a haber atendido las necesidades de vivienda totalmente a uno de los campamentos de Antofagasta por 12 meses y si esos dineros se mal utilizaron, si fueron a parar a tareas que nada tienen que ver con atender la necesidad de estas familias, tendrán que dar la cara no sólo para pedir disculpas, sino que para responsabilizarse también ante la Justicia”, finalizó la parlamentaria.
