OPINION: Chile confía en quienes apagan incendios, no en quienes los provocan Valoración ciudadana: bomberos 90%, partidos políticos 11%
Viernes, 6 noviembre 2026.- 15:42 pm
Por: Carlos Cantero Ojeda
En términos relativos -comparado con el contexto global- Chile vive una gravísima crisis de representación y desconfianza institucional. Según la encuesta de confianza de la OCDE (análisis de Pivotes, septiembre de 2026), la institucionalidad política está en el fondo de la tabla internacional en confianza pública. Esto es un escándalo en cualquier parte y debiera encender las alarmas, pero en el país se asume con normalidad. Nadie se inmuta y nada se hace. Esto va más allá del gobierno de turno y viene desde hace ya un par de décadas. Los partidos políticos son la institución peor evaluada, con apenas un 11% de confianza, seguidos por el Congreso Nacional (16%) y los funcionarios de la administración pública (20%). En la valoración del Gobierno se observa un desfonde (25,7%, OCDE). En el extremo opuesto, la confianza ciudadana la lideran por lejos los Bomberos (90%, Claves Ipsos, febrero de 2026), seguidos por las Fuerzas Armadas (55%) y las Policías (49%), según la misma OCDE. ¡Una paradoja transversal para los políticos!
¿Cuál es el límite de ruptura considerando el nivel de mediocridad en la política chilena? Desde el retorno a la democracia en los años 90, la confianza ciudadana en las instituciones públicas ha sufrido un deterioro progresivo y sostenido. Se trata de una severa crisis de legitimidad institucional, enmarcada, es cierto, en un fenómeno global de desafección hacia la democracia y sus mecanismos tradicionales. Esta brecha histórica refleja una distancia crítica entre la sociedad civil y sus autoridades. El estudio Brecha Pública UCEN-Qualiz (medición de octubre, publicada en noviembre de 2026) confirma que el 92,7% de los encuestados cree que los partidos y autoridades comprenden poco o nada los problemas de la mayoría de los chilenos. La incapacidad del sistema para procesar las demandas sociales ha consolidado una desconexión estructural que vulnera las bases de la convivencia democrática.
La gobernabilidad está en jaque, por la falta de experiencia y sentido político. La atomización política dificulta los acuerdos transversales e impide destrabar reformas clave de modernización del Estado. El problema es que el foco no está en las urgencias ciudadanas, sino en lo transaccional, al servicio de grupos de poder con gran incidencia en las bancadas parlamentarias. Es de toda evidencia que hay mediocridad, desafección, banalidad y procrastinación en la política.
El país cuenta con sectores estratégicos de alto potencial global: el encadenamiento de la minería, la industria y los servicios, el litio, el hidrógeno verde, la pesca y acuicultura, la industria forestal y de la madera, la agro y fruticultura, y el turismo. Su aprovechamiento requiere estabilidad normativa, un nuevo pacto social, prospectiva y planificación estratégica compartida, que no se vislumbran por ninguna parte.
La crisis de seguridad pública es la principal preocupación ciudadana. El avance de la delincuencia y las nuevas formas de criminalidad sobrepasan la capacidad de respuesta del Estado. Un Congreso bloqueado, la falta de acuerdos políticos y las demandas sociales insatisfechas crean un clima de fragilidad e incertidumbre que cuestiona la gobernabilidad.
La gestión del Presidente José Antonio Kast es deslucida: no muestra liderazgo ni una estrategia comunicacional. A pocos meses de asumir, evidencia una fuerte caída en las encuestas -de 57% de aprobación en marzo a 26% a fines de octubre (Cadem)- y un aumento de controversias. No se observa un proyecto de excelencia, ni el llamado a la ética, ni siquiera visión prospectiva. Su administración atraviesa un momento crítico.
Diversos analistas atribuyen esta caída a la escasa experiencia del equipo de gobierno, a su perfil tecnocrático y a un liderazgo distante y poco empático, incluso con su propio sector. El Presidente ha defendido su postura argumentando que prioriza los hechos por sobre las palabras, minimizando las encuestas. Pero la crítica por la falta de sintonía con las urgencias ciudadanas se ha intensificado. La falta de orquestación sinfónica es de toda evidencia en el equipo de gobierno, en particular en la coordinación interministerial. En la gobernanza territorial (regiones) la cosa no está mejor.
La crisis deriva de la falta de articulación interna, la escasa convocatoria al no disponer de una épica aglutinante y la incapacidad de encontrar el tono de una vocería empática y confiable. Esto, sumado al alza del costo de vida y el desempleo, ha consolidado la percepción de una conducción errática, ineficaz e indolente.
Liderazgos afines al gobierno han pedido un ajuste urgente de gabinete, que incorpore figuras con probada experiencia, empatía y vocerías de mayor potencia, capaces de resolver la tensión entre la gestión sectorial y la conducción estratégica del país.
Respecto de la conflictividad social, los estudios de opinión de octubre de 2026 muestran que la mayoría considera negativas las consecuencias del estallido social de 2019 (64%, Panel Ciudadano UDD; 59%, Criteria) y rechaza la violencia (70% cree que el Gobierno no debe ceder ante protestas violentas, UDD). Sin embargo, los especialistas advierten que la persistencia del desempleo, la inflación y la desconfianza institucional mantienen un descontento latente (combustible) que, frente a cualquier imponderable político (chispa), puede generar una explosión social.
El desafío fundamental para evitar nuevos escenarios de conflictividad es articular gobernabilidad, y el único que puede hacerlo es el Presidente Kast, imponiendo orden en las ideas y coordinación política para actuar con pertinencia, recomponer la vinculación con la ciudadanía e impulsar un proyecto de desarrollo que aborde la crisis económica, la seguridad y el bienestar socioeconómico de la población.
