Alto Hospicio, 26 septiembre 2026.-
Una encrucijada regulatoria internacional amenaza con dar un golpe demoledor a la frágil economía del norte del país. De aprobarse la prohibición de seleccionar ropa usada en suelo chileno de cara a la definición del Convenio de Basilea el próximo 30 de noviembre, cerca de 2.500 mujeres, en su mayoría jefas de hogar y residentes de la comuna de Alto Hospicio, perderían su principal fuente de trabajo formal. La medida forzaría a que la clasificación de prendas importadas se realice en los países de origen, erradicando una actividad que mueve US$ 75 millones al año en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) y que representa una de las pocas alternativas laborales masivas para la mano de obra no especializada en la Región de Tarapacá.
Un motor económico con rostro femenino
En los galpones y recintos del ecosistema logístico de la ZOFRI, el flujo de más de 4.000 contenedores de ropa usada al año trasciende la métrica comercial. OCHO de cada diez puestos de trabajo generados por la revisión, fraccionamiento y preparación de estos textiles son ocupados por mujeres.
Para Alto Hospicio , una comuna golpeada por índices de vulnerabilidad social y una limitada oferta industrial, la pérdida de estos empleos representaría una crisis socioeconómica de proporciones, dejando a miles de familias sin ingresos en un sector donde la reconversión laboral resulta compleja y lenta.
«Si se termina la selección en Tarapacá, se elimina una fuente de empleo formal que difícilmente podrá ser reemplazada en la región. Le pedimos al Estado que proteja el empleo y el medio ambiente. Podemos hacer ambas cosas a la vez.» indica, Pedro Vásquez Neira, abogado y vocero de la Asociación de Usuarios e Importadores Textiles de la ZOFRI (AUIT).
Cuestionamientos a las premisas del debate ambiental
La controversia tiene su origen en las directrices fijadas por la administración anterior, las cuales impulsaron una política restrictiva apoyada en la cifra de que el 70% de la ropa usada importada termina en vertederos ilegales en el desierto.
Desde la AUIT, gremio constituido en junio de 2026 y que agrupa el 70% del negocio nacional del rubro, sostienen que ese diagnóstico carece de rigor metodológico y que se optó por la alternativa más perjudicial para la región.
«El dato de que el 70% de la ropa usada que ingresa a Chile termina en vertederos ilegales no tiene una base fáctica que permita sostener una política pública de esta magnitud. La administración anterior eligió la opción más restrictiva habiendo otras alternativas que protegían el empleo y el medio ambiente, no considerando las consecuencias sociales y económicas de la medida y omitiendo la inversión en una planta de reciclaje textil en la región.» señala Pedro Vásquez Neira, vocero de la AUIT.
La apuesta por la economía circular en el territorio
Como contrapropuesta para evitar la destrucción del empleo sin descuidar el impacto ambiental, el sector privado avanza en soluciones de infraestructura en la misma zona afectada. Actualmente, una de las empresas asociadas al gremio ejecuta la construcción de la mayor planta de reciclaje textil del país, ubicada precisamente en Alto Hospicio.
El proyecto considera las siguientes características operativas:
Inversión privada: Cercana a los US$ 8 millones.
Capacidad de procesamiento: Hasta 20 toneladas diarias de desechos textiles.
Jornada operativa: Turnos de 8 horas para procesar la fracción no comercializada.
Objetivo: Cumplir con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y garantizar el cierre del ciclo textil en Tarapacá.
Con la fecha límite del 30 de noviembre en el horizonte, la decisión final del Ejecutivo ante el Convenio de Basilea determinará si Chile traslada un oficio histórico al extranjero o si consolidará un modelo de economía circular con arraigo local en el norte del país.
