Gobierno publica Ley “Escuelas Protegidas” para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales
Con esto se entregan mayores herramientas a los establecimientos para prevenir situaciones de violencia, fortalecer la autoridad de los docentes y resguardar la seguridad de las comunidades educativas.

Santiago, 13 agosto 2026.- 08:57 am
Con su publicación en el Diario Oficial, comenzó una nueva etapa para la implementación de la Ley 21.827 “Escuelas Protegidas”, normativa que busca entregar mayores herramientas a las comunidades educativas para prevenir y enfrentar hechos de violencia al interior de los establecimientos.
La nueva legislación busca responder a los problemas de violencia y convivencia que se registran en las comunidades educativas. Entre 2023 y 2025, las denuncias por convivencia escolar por maltrato a adultos ante la Superintendencia aumentaron un 58%, pasando de 441 a 695. Durante 2025, además, se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según datos de Carabineros.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que esta ley “busca resguardar que las escuelas sean espacios sagrados. Las orientaciones que va a entregar la Superintendencia de Educación, van a establecer de qué manera los establecimientos podrán aplicarla, podrán apropiarse de las herramientas y de las nuevas facultades que está ofreciendo esta ley que hoy se publica, y que entrega respaldo a los profesores, a los equipos escolares, para que puedan llevar a cabo medidas correctivas inmediatas en la sala de clases con el propósito de poner orden y así evitar que conflictos propios de la convivencia escalen”.
¿Qué permite?
La Ley “Escuelas Protegidas” permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias. Esta deberá ser realizada por personal capacitado, respetando la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso. La normativa no autoriza revisiones corporales ni de vestimentas.
La ley también amplía las herramientas disponibles para los profesores, quienes podrán adoptar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias para mantener el orden en la sala de clases, bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
Los establecimientos deberán priorizar la gestión colaborativa de los conflictos, con el objetivo de disminuir la carga administrativa de los equipos escolares.
También contempla medidas para enfrentar amenazas e interrupciones de las actividades académicas y dispone que los reglamentos internos deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial, salvo excepciones debidamente fundadas.
A estas medidas se suma un mayor involucramiento de padres y apoderados en las instancias vinculadas con convivencia, disciplina y violencia escolar.




