Seguridad Ciudadana aprobó en general proyecto de Registro de Actos Vandálicos
Tras la votación, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que el gobierno presentará indicaciones que permitan que el proyecto alcance el más amplio respaldo tanto en la Cámara como en el Senado.
Valparaíso, 10 agosto 2026.- 18:48 pm
Un primer paso dió en la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades. La instancia aprobó en general la propuesta del gobierno por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. La instancia fijó como plazo para presentar indicaciones hasta el 21 de agosto.
El texto busca consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes. Además, establece consecuencias administrativas temporales para quienes integren el registro, como vincular el acceso a beneficios financiados con recursos públicos o trámites administrativos al cumplimiento de normas básicas de convivencia.
Los legisladores que apoyaron la propuesta del gobierno destacaron el respaldo ciudadano que tiene la creación de este Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades. Pero, al mismo tiempo, reconocieron que algunas materias vinculadas a derechos sociales deben evaluarse.
En esa misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, aseguró que trabajarán para llegar a un acuerdo en la comisión, a través de elaborar indicaciones que permitan una “amplitud de apoyo más grande en la Cámara y también en el Senado”.
El personero también manifestó su postura favorable a incorporar requerimientos de la oposición, considerar los planteamientos del Tribunal Constitucional y evaluar el impacto en derechos sociales. En dicho sentido, dijo que se evalúa la posibilidad de separar entre actos vandálicos e incivilidades, especialmente los delitos que ya tienen una persecución penal efectiva.
Reinserción y discriminación
Por su parte, las y los diputados que rechazaron legislar esta propuesta criticaron sus posibles efectos. Al respecto, argumentaron que el proyecto no tiene una incidencia en la posibilidad de reinserción de las personas y además es discriminatorio. Asimismo, recalcaron que todas las organizaciones que concurrieron a la instancia criticaron el proyecto.
Igualmente, recordaron que ya el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la prohibición de acceder a la gratuidad universitaria a quienes sean condenados por violencia escolar, en el marco de la ley de Escuelas Protegidas. Por lo tanto, los artículos con sanciones similares en este proyecto también deberían evaluarse.
Actos vandálicos e incivilidades
El texto presentado por el Ejecutivo distingue entre actos vandálicos e incivilidades. En el primer caso, se encuentran delitos contra la autoridad y bienes públicos, contra profesionales de la salud o educación y contra las cosas. Quienes los cometan, permanecerán en el Registro de actos Vandálicos por cinco años o dos, si se trata de menores de edad.
En cuanto a las incivilidades, estas se clasifican entre faltas analizadas por los juzgados de policía local y las de competencia de los juzgados de garantía. Como ejemplos del primer caso están el depósito de escombros o el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el segundo, la realización de loterías no autorizadas o el consumo de drogas en la vía pública, entre otros. En todos estos casos la permanencia en el registro será de un año.
De este modo, las personas condenadas e ingresadas al citado registro no podrán acceder a:
- Subsidios habitacionales y de arriendo
- Becas de educación superior, postgrado y fondos concursables (cultura, ciencia)
- Licencia de conducir y pasaporte
- Beneficios tarifarios de transporte público
- Pérdida de pensiones de gracia
Adicionalmente, se plantea la posibilidad de retener la devolución de impuestos por multas impagas y la aplicación de la prohibición de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.
Otro punto considerado en la iniciativa es establecer un régimen agravado para quienes cometan incendios graves, ataques a autoridades, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado. En estos casos, las personas que ingresen al registro tampoco podrían acceder a la gratuidad en educación superior ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Por último, el proyecto plantea mayores plazos de permanencia en el Registro de Actos Vandálicos en caso de reincidencia.
