Ley de Envejecimiento Digno: Estos son los 15 derechos que protege la nueva normativa para las personas mayores
Busca contribuir a la inclusión, integración y participación de las personas mayores en la sociedad.
Domingo, 17 mayo 2026.-
Esta semana, el Tribunal Constitucional dio luz verde a la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable que fue aprobada por el Congreso Nacional que protege 15 derechos para este importante grupo de la población.
El objetivo de esta ley es contribuir a la inclusión, integración y participación de las personas mayores en la sociedad, respetando todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales.
“Es un significativo avance y una respuesta a todas las personas mayores que esperan y anhelan un nuevo trato”, afirmó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.
Pero, ¿de qué se trata esta nueva ley que protege el desarrollo vital de las personas mayores de nuestro país? ¿Cómo los beneficiará? Sigue leyendo para conocer más.
15 derechos específicos para las personas mayores de la Ley de Envejecimiento Digno
La nueva normativa incluye la protección de 15 derechos específicos para las personas mayores:
- Igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez.
- Derecho a un trato digno y respetuoso y la atención preferente.
- Acceso a la justicia.
- Promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores.
- Derecho a la independencia y a la autonomía.
- Derecho a una vida libre de violencia.
- Derecho al acceso, participación y movilidad personal.
- Derecho a la participación e integración comunitaria.
- Derecho a la salud y a brindar consentimiento libre e informado.
- Derecho a la educación.
- Ocio, deporte, vida activa y turismo.
- Derecho al trabajo.
- Derecho a la libertad de expresión y de opinión.
- Derecho a la conectividad.
- Derecho a la privacidad y a la intimidad.
Derechos de las personas mayores con dependencia
La ley también resguarda los derechos de las personas mayores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia.
Lo anterior permite la aplicación de medidas de protección para personas mayores víctimas de este abandono social para actuar con mayor agilidad, entregando un tratamiento adecuado y soluciones programáticas de cuidados más amplias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía.
