San Pedro de Atacama, 9 mayo 2026.-
El decomiso de cerca de 30 kilos de productos hortofrutícolas ingresados de manera irregular al país, seis trabajadores en situación de informalidad laboral, cuatro sumarios sanitarios, de los cuales tres de ellos quedaron con prohibición de funcionamiento, además, de infracciones municipales y tributarias, fueron parte de los resultados que dejó una nueva fiscalización intersectorial desarrollada en la comuna de San Pedro de Atacama.
La jornada fue coordinada por la Delegación Presidencial Provincial de El Loa y contó con la participación de la Seremi de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Dirección del Trabajo, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Carabineros, Policía de Investigaciones y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, a través de su Dirección de Seguridad Pública.
El delegado presidencial provincial de El Loa, Cristian Ramírez precisó que “como gobierno del Presidente Kast estamos fortaleciendo el despliegue territorial y el trabajo coordinado entre las instituciones para combatir la informalidad, resguardar la seguridad y proteger la salud de las personas. Estas fiscalizaciones permiten reforzar la presencia del Estado en el territorio y avanzar en el cumplimiento de la normativa vigente en beneficio de las comunidades y de quienes desarrollan sus actividades de manera regular”.
Durante el operativo se realizaron controles a distintos locales comerciales y un recinto hotelero de la comuna, detectándose diversas infracciones relacionadas con el comercio irregular, incumplimientos sanitarios, informalidad laboral y faltas tributarias.
El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, Ignacio Rivera, manifestó que “pudimos realizar una fiscalización a una feria que se encontraba de cierta forma de manera irregular en nuestro poblado y que se pudo realizar un decomiso importante de alimentos que habían ingresado al país de manera de contrabando”.
Asimismo, agregó que “agradecemos esta coordinación interistitucional, ya que una variedad de servicios estuvieron en el territorio realizando distintas labores. Como municipalidad, cursamos cinco infracciones”.
Desde el Servicio Agrícola y Ganadero, el profesional Brian Brantt explicó que “hemos participado en la fiscalización convocada por la Delegación Presidencial con el fin de poder detectar productos que puedan ser ingresados por pasos no habilitados al país para poder mantener la sanidad de nuestros productos fitosanitarios”.
En materia de seguridad y controles preventivos, el Suboficial Mayor Cristian Menanteau, de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama, expreso que se realizaron “diferentes controles aleatorios en la comuna con el fin de dar seguridad a la población”.
Por su parte, la comisaria del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama, Valesca Sanhueza, detalló que “realizamos distintos controles de identidad y migratorios en un sector focalizado de la comuna, cuyos resultados fueron 30 personas controladas realizando así un control migratorio eficaz en base a la normativa legal vigente”. Obteniendo como resultado “un denunciado de nacionalidad boliviana por estar efectuando labores remuneradas, lo cual infringe el artículo 109 de la Ley de Extranjería y Migraciones”.
En tanto, la fiscalizadora de la Seremi de Salud, Natali Córdova añadió que “realizamos un total de cuatro sumarios sanitarios y tres prohibiciones de funcionamiento. Todos ellos ligados al no cumplimiento de la normativa sanitaria decreto supremo 977 del año 96 y el reglamento piscinas”.
Desde el Servicio de Impuestos Internos, la fiscalizadora tributaria Ana Bautista agregó que “pudimos fiscalizar cuatro locales comerciales donde se notificaron a dos contribuyentes para que puedan regularizar sus situaciones en el Servicio de Impuestos Internos”.
Estas intervenciones, coordinadas en la Mesa de Fiscalización liderada por la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la seguridad, combatir la informalidad y resguardar el cumplimiento de la normativa vigente mediante un trabajo coordinado entre los distintos servicios públicos y las policías.
