La denominada «Operación Apocalipsis» es calificada como el golpe más grande al crimen organizado dentro de las cárceles en los últimos años.
El balance de la madrugada arrojó un total de 66 personas detenidas, de las cuales 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería y 22 a civiles que actuaban como cómplices.
Una red millonaria y sofisticada
La investigación, que se extendió por más de dos años, reveló que esta organización criminal logró mover al menos $6.300 millones en un periodo de tres años.
Sus operaciones incluían:
- Cobros por el ingreso de visitas indocumentadas.
- Sobornos para realizar traslados a módulos preferenciales.
- Venta de protección a internos.
- Tráfico de teléfonos celulares, alcohol y sustancias ilícitas.
Durante el operativo, que contó con más de 700 funcionarios del Estado, se logró además el congelamiento de 183 cuentas bancarias y la incautación de 11 vehículos, armas y drogas.
¿Cómo se logró desarticular esta red que operaba en cárceles?
Este resultado no es obra del azar, sino de una decisión estratégica tomada en septiembre de 2022.
En esa fecha, el Gobierno solicitó al Ministerio Público fortalecer las investigaciones intramuros, lo que permitió constituir un grupo especializado contra el crimen organizado en cárceles, integrado por el Ministerio Público, PDI, Carabineros, Gendarmería y los ministerios de Justicia e Interior.
Además, se impulsa una ley que refuerza las facultades de Gendarmería, permitiéndoles actuar como auxiliares del Ministerio Público.
El uso de inteligencia y coordinación entre instituciones permitió realizar entradas simultáneas en los 9 penales afectados.
Cero tolerancia a la corrupción
Tras el operativo, las autoridades enviaron un mensaje rotundo: No hay espacio para la corrupción en las instituciones del Estado ni tolerancia para quienes manchan el uniforme de Gendarmería.
Este golpe se suma a otros hitos en seguridad, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y el aumento histórico de recursos para las policías y Gendarmería, incluyendo la construcción de establecimientos penitenciarios.
De esta manera se reafirma que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción es una prioridad absoluta para garantizar la tranquilidad de las familias chilenas.