ESCÁNDALO: Cinco directores ejecutivos de SLEP suspendidos por faltas de gestión y probidad siguen recibiendo sueldo
El director del Servicio Local de Educación de Valparaíso va a cumplir cuatro años sin ejercer, pero mantiene una remuneración cercana a los $7 millones mensuales brutos, mientras que el director del SLEP de Colchagua, por el cual se abrió una investigación penal por eventual malversación de fondos públicos, fue suspendido en marzo de 2023, pero sigue recibiendo $4,8 millones al mes.
Viernes, 16 enero 2026.- 08:49 am
Por: ex-ante
El director de Atacama. La reciente desvinculación del director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, Daslav Mihovilovic, por realizar una ostentosa fiesta por el quinto aniversario del servicio, dejó al descubierto otro problema de gobernanza que arrastra la nueva educación pública.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló en Emol que por el SLEP de Atacama, uno de los que ha enfrentado mayores problemas en su gestión, han pasado siete u ocho directores subrogantes o suplentes desde 2022.
Esto porque el primer director ejecutivo titular, Carlos Pérez Estay, que asumió en 2020, fue suspendido y se le abrió un proceso de remoción en marzo de 2022 por graves problemas de gestión financiera, y aún no es reemplazado.
“Es un proceso de destitución que se está cerrando”, dijo Cataldo. “Es muy complejo el proceso de destitución de un director ejecutivo, así quedó diseñado en la ley de 2017”.
Fuentes del ministerio, afirman que se ha analizado internamente la dificultad que genera que mientras se eternizan los procesos disciplinarios que son reservados, los directores siguen recibiendo su sueldo sin ejercer.
En el caso de Pérez Estay recibe en torno a los $5 millones mensuales como funcionario de planta, pese a que lleva cuatro años alejado del cargo. Además según información de Transparencia recibió en enero y febrero de 2024 $3 millones cada mes, como funcionario a contrata y registra pago de bonos de desempeño institucional y desempeño colectivo.
Altos sueldos en Valparaíso. Un caso similar es el del Manuel Pérez Pastén, nombrado a través de Alta Dirección Pública, en marzo de 2020 como director ejecutivo del SLEP de Valparaíso.
En mayo de 2022 fue suspendido de sus funciones y se abrió un proceso de remoción tras una serie de movilizaciones y críticas de sectores gremiales a su gestión. Estas denuncias incluían irregularidades en remuneraciones docentes, dotación de profesorado e infraestructura escolar deficiente.
En junio de 2025, un oficio de la Cámara de Diputados señalaba la preocupación por la prolongada duración del sumario.
Hasta la fecha, Pérez Pastén sigue recibiendo sueldo -entre $6 millones y $9 millones al mes-, según bonos de desempeño, con un promedio en 2025 de $7 millones al mes.
Investigación en O’Higgins. Uno de los casos más graves es del director ejecutivo del SLEP de Colchagua (Región de O’Higgins), Óscar Fuentes Román. En marzo de 2023 se instruyó un proceso de remoción en su contra y fue apartado del cargo.
Contraloría detectó graves irregularidades durante su gestión al auditar las rendiciones de fondos. La jefatura del SLEP habría emitido cheques a los profesores con fondos de emergencia destinados a las necesidades del Covid-19 y realizó traspasos de dinero sin autorización de Dipres o de la Dirección de Educación Pública (DEP)
La Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins abrió una investigación contra Óscar Fuentes y otros exdirectivos por posibles delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. En febrero de 2024, la PDI allanó las oficinas del SLEP Colchagua en San Fernando y en julio el CDE presentó una querella criminal por presunta “administración desleal” de fondos públicos que causaron un perjuicio fiscal de $2.253.760.642.
Pese a todo, Fuentes ha seguido recibiendo su remuneración, un promedio de $4,8 millones mensuales. El proceso administrativo estaría en su etapa final.
Crisis en Magallanes. Mario García Martínez, director ejecutivo del SLEP de Magallanes, fue suspendido de sus funciones en abril de 2025 en medio de una grave crisis del servicio, que involucró un prolongado paro de profesores y cuestionamientos por “mala gestión”.
En Mineduc lo responsabilizaron de ser responsable de la situación que dejó a miles de estudiantes sin clases y por ofrecer un aumento salarial sin respaldo legal ni financiero ni las competencias para aquellos.
García sigue recibiendo un sueldo que en noviembre y diciembre de 2025 alcanzó los $7,7 millones brutos mensuales.
Instalación en Aconcagua. Es un caso particular, porque se abrió un proceso de remoción contra la directora ejecutiva Carmen Gloria Martínez, cuando el SLEP de Aconcagua ni siquiera entraba en funcionamiento ni había asumido la administración de las escuelas.
En septiembre de 2025 se informó que Martínez, fue suspendida de su cargo mientras se desarrolla un procedimiento administrativo. Aunque las causas son reservadas, según publicaciones de los profesores en redes existían denuncias contra ella por posibles faltas como contratación de personal no idóneo, uso inadecuado de vehículo institucional y otros problemas como la contratación de personal para labores de carácter domiciliario.
El Colegio de Profesores de la zona calificó como “muy grave” la suspensión casi al comenzar la implementación del servicio.
Carmen Gloria Martínez se mantiene recibiendo $6 millones mensuales.
Otros casos. En el SLEP de Chinchorro (Arica) también se abrió un proceso disciplinario, aunque el director Hary Donoso renunció en junio de 2025. El funcionario era acusado por supuesto maltrato. Al renunciar dejó de recibir su sueldo.
En el SLEP Puerto Cordillera, la directora ejecutiva, Ana Victoria Ahumada, dejó el cargo en abril de 2025, vinculada a problemas de gestión y un proceso administrativo por la desvinculación de profesores y el no pago de algunos sueldos del mes de marzo, además de problemas con la infraestructura y plagas.
La rígida legislación. Según señalan en la Dirección de Educación Pública (DEP) que dirige Rodrigo Egaña y supervisa los SLEP, sobre el procedimiento de remoción de un director ejecutivo, “la demora en la tramitación de los procedimientos de remoción, se debe a que estos son procesos de alta complejidad con diversas aristas y líneas investigativas”.
Sólo por petición del Servicio Civil al fiscal interno se puede reducir el sueldo a la mitad de los directivos investigados.
