Analizan proyecto que sanciona uso de menores para cometer delitos
La Comisión de Constitución continuó con la ronda de audiencias públicas en el marco del debate del proyecto, en primer trámite constitucional, que busca sancionar toda forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.
Valparaíso, 25 agosto 2026.-
Sancionar toda forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, es el objetivo del proyecto de ley (boletín 18282) que analiza la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa busca sancionar a aquellos adultos que, aprovechando su condición, recluten o se valgan de menores para que estos cometan actos ilícitos o participen de redes criminales.
El texto plantea que durante los últimos años se ha registrado un aumento sostenido de la participación de menores de edad en el registro de actividades ilícitas, por lo cual resulta necesario fortalecer su protección, frente a la influencia o utilización por parte de personas mayores de edad.
Durante la última jornada, la instancia recibió la opinión de Ignacio Castillo, director de crimen organizado y drogas de la Fiscalía Nacional; Gherman Welsch, director subrogante del Servicio Nacional de Protección Especializada; y de los abogados y profesores Ignacio Ried y Andrés Cruz.
Todos los invitados concordaron en la necesidad de avanzar en una legislación que castigue a quien instigue, obligue o instrumentalice a un menor, con el objeto de obtener impunidad en la comisión de delitos.
En esa línea, valoraron que el juez tenga un abanico de conductas para interpretar si existe o no una situación que haga más reprochable la participación del adulto. Sin embargo, advirtieron que el proyecto no menciona nada respecto de cómo recuperar o sacar al niño, niña o adolescente de un escenario de estas características.
Al respecto, llamaron a revisar si procede establecer en la ley el delito de reclutamiento, considerando la experiencia de legislación comparada, existente en países como Ecuador y Colombia. Cabe recordar que el Gobierno asignó suma urgencia al trámite de esta moción, al considerarla dentro de los 19 proyectos incorporados en la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
