Pot: Carlos Cantero Ojeda
El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, publicado en febrero de 2026, reveló que la puntuación media global había caído a 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década. Más de dos tercios de los 182 países evaluados obtuvieron una puntuación inferior a 50. Los persistentes escándalos de corrupción y los débiles sistemas de rendición de cuentas de América Latina forman parte de ese declive generalizado.
Transparencia Internacional fue aún más directa en su evaluación de las Américas. La región, afirmó, no ha logrado avances contra la corrupción. Su puntuación media se situó a la par del promedio mundial, mientras que el crimen organizado ha penetrado cada vez más en la política y las instituciones públicas en Latinoamérica, también en Chile.
Ese hallazgo contrasta de manera incómoda con otro. La encuesta regional más reciente de Latinobarómetro describió la democracia como resiliente, con un escaso apoyo tras una década difícil. Muchos ciudadanos siguen prefiriendo la democracia a cualquier alternativa, aunque dudan de que sus líderes e instituciones les sirvan de manera justa.
Esta distinción es importante. El mayor peligro para la democracia no es siempre su rechazo absoluto. Es la convicción gradual de que las elecciones cambian poco, que las instituciones protegen a los poderosos y que la función pública se ha desvinculado del bien común.
Esta frustración no es exclusiva de América Latina. El Barómetro de Confianza Edelman de 2025 reveló que el 61% de los encuestados en todo el mundo mantenía un sentimiento de agravio moderado o alto. Creían que los gobiernos y las empresas servían a intereses particulares y permitían que los ricos se beneficiaran injustamente del sistema. Cuatro de cada diez consideraban aceptable al menos una forma de activismo hostil, incluyendo amenazas, desinformación deliberada o daños a la propiedad, con una aprobación aún mayor entre los adultos jóvenes.
Las circunstancias difieren de un país a otro. Algunas sociedades protestan contra la corrupción; otras, contra la desigualdad, la inseguridad o la insuficiencia de los servicios públicos. Sin embargo, bajo estos diferentes agravios subyace una frustración común: las instituciones pueden seguir funcionando sobre el papel, pero ya no inspiran confianza.
La mayoría de los análisis explican este malestar en términos políticos, económicos o institucionales. Esas explicaciones son válidas, pero incompletas. La crisis de América Latina es fundamentalmente, ética. Esto no significa que la pobreza o la debilidad institucional sean preocupaciones secundarias; las dificultades materiales son reales. Pero estos fracasos se vuelven más corrosivos cuando los ciudadanos creen que son el resultado del favoritismo o la deshonestidad, en lugar de la desgracia o el error involuntario. La desigualdad hiere más profundamente cuando el privilegio parece determinar quién recibe justicia; el fracaso institucional se vuelve explosivo cuando nadie asume la responsabilidad por ello.
Para describir este proceso, propongo el término «pandemética», combinando los conceptos de pandemia y ética. Se refiere a un deterioro de las normas morales y cívicas que se extiende por la sociedad, cruzando las fronteras entre la vida pública y la privada. Como un virus, no se queda confinado en una sola institución. Se desplaza a través del gobierno, las empresas, la educación y la cultura, creciendo allí donde se recompensa la mala conducta y los ciudadanos empiezan a asumir que el comportamiento ético los sitúa en desventaja.
La pandemética opera a través de tres dinámicas principales:
- La primera es la infección intersectorial . Cuando se tolera el tráfico de influencias en la política y el favoritismo se convierte en rutina en las instituciones públicas, la mala conducta deja de parecer excepcional. Se convierte en una vía esperada para el ascenso. Incluso aquellos que inicialmente rechazan la corrupción pueden acabar sintiéndose obligados a participar simplemente para competir o sobrevivir.
- La segunda es la fiebre social . Los ciudadanos reaccionan ante la injusticia acumulada mediante manifestaciones y movimientos de protesta. Al igual que la fiebre que produce un cuerpo enfermo, el malestar público puede indicar que una sociedad intenta defenderse de un trastorno más profundo. La protesta no es, en sí misma, evidencia de un fracaso democrático; puede ser una demanda legítima de rendición de cuentas. La violencia y la desinformación deliberada, sin embargo, no son extensiones de esa protesta. Erosionan la misma confianza que esta busca restaurar, que es precisamente el riesgo que señalan los hallazgos de Edelman sobre el activismo hostil.
- La tercera dinámica es la corrupción de los propios principios . Esto ocurre cuando los actores políticos invocan ideales que no practican o utilizan un lenguaje moral para disfrazar la búsqueda del poder. En este entorno, la competencia se subordina a la lealtad y el debate público se convierte en una contienda de eslóganes. El problema no es la ideología en sí; las democracias necesitan ideas que compitan y un desacuerdo vigoroso. Comienza cuando las ideas no se tratan como convicciones sino como instrumentos para encubrir intereses privados, y se hace visible cada vez que las acusaciones creíbles se responden únicamente con contraacusaciones partidistas en lugar de con una investigación transparente.
Esto ayuda a explicar por qué el descontento se convierte tan a menudo en rabia. Cuando la autoridad legal permanece pero la autoridad moral desaparece, las instituciones empiezan a sentirse vacías. Los ciudadanos pueden obedecerlas por necesidad, sin creer en su legitimidad.
Nada de esto hace que la reforma legal e institucional sea innecesaria. Los tribunales independientes, la contratación pública transparente, los servicios civiles profesionales y la supervisión creíble siguen siendo indispensables. Pero las normas por sí solas no pueden restaurar la vida democrática. Todo sistema depende de personas dispuestas a honrar no sólo la letra de la ley, sino también las responsabilidades que acompañan al poder público.
Ese estándar se aplica hoy en día de forma desigual. Los partidos políticos tienden a invocar la integridad principalmente contra sus oponentes y no en sus propias filas; los nombramientos públicos siguen premiando a menudo la lealtad por encima de la competencia; la educación cívica rara vez trata la ciudadanía como algo que conlleva tanto responsabilidades como derechos. El mismo desequilibrio se observa más allá del gobierno: líderes empresariales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil exigen a menudo integridad exclusivamente al Estado, mientras disculpan el favoritismo o la deshonestidad dentro de sus propias instituciones.
América Latina no carece de leyes, elecciones ni promesas políticas. Lo que le falta cada vez más es la confianza de que las palabras públicas se correspondan con la conducta privada. Reconstruir esa confianza requerirá reformas institucionales y oportunidades económicas. Pero también exigirá una simple coherencia ética entre lo que los líderes prometen y cómo gobiernan.
La crisis en Chile y Latinoamérica no es simplemente política. Radica en la calidad ética de las relaciones a través de las cuales se ejerce el poder. Hasta que no se repare ese fundamento, incluso las instituciones que funcionan tendrán dificultades para ganarse la confianza que la democracia necesita para sobrevivir.
