Operadores de turismo deberán acreditar condiciones de seguridad para funcionar

Con 45 votos a favor, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto, en segundo trámite que establece medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura.

La propuesta iniciada en moción de diputados volverá a la Comisión de Economía para ser revisada en particular. Ahí se analizarán las indicaciones que se presenten antes del 31 de julio.

Cabe recordar que la norma surge a raíz del fallecimiento de Diego Albornoz Coronado, de 23 años, quien murió tras realizar un salto de Bungee en el Cajón del Maipo, en febrero de 2024. La investigación determinó que el joven falleció por negligencia del instructor del servicio, quien no habría instalado adecuadamente el arnés de seguridad. El imputado no tendría la experiencia ni los permisos para operar, ni tampoco el equipamiento necesario para los lanzamientos.

En la sesión ordinaria, en la que se respaldó la iniciativa, la madre de Diego, Paola Coronado y su hermana siguieron la discusión desde las tribunas de la Sala.

PROYECTO

Será deber del Servicio Nacional de Turismo otorgar un distintivo denominado “Sello R” a los prestadores de servicios turísticos. Estos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Clasificación.

Asimismo, estos prestadores tendrán la obligación de exhibir el sello de calidad turística en un lugar visible de sus instalaciones. Del mismo modo este debe ir en sus vestimentas institucionales, para ser fácilmente identificados por clientes y visitantes.

Será obligación para los operadores de turismo aventura inscribirse en el registro correspondiente. Aquello será necesario para poder operar, previa verificación del cumplimiento de los estándares de seguridad que se fijen mediante reglamento.

La propuesta contempla también sanciones en caso de incumplimiento de la inscripción en el registro o de los estándares de seguridad. Lo mismo ocurrirá por no exhibir el “Sello R” en un lugar visible, junto a su código de verificación, en las instalaciones o en las vestimentas institucionales.

Siguiendo esta línea, se establecen multas, expresadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), para el prestador de servicios de turismo aventura que, en el ejercicio de sus actividades, entregue antecedentes falsos o adulterados a la autoridad competente, altere el código de verificación o falsifique el certificado de cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en esta ley.

En la Sala, las y los parlamentarios analizaron la importancia de velar por las condiciones de seguridad del turismo aventura como condición habilitante enfatizándose que “el estándar debe darse tanto para los turistas como para los operadores”.

En forma transversal, se destacó el cambio que marca esta legislación: “hoy los operadores se inscriben en el registro para trabajar, pero no deben acreditar su idoneidad. Ahora tendrán que acreditar la seguridad, lo que será validado por Sernatur, cuyos fiscalizadores tendrán que hacerse presentes donde operen estas empresas”.

También se hizo ver la importancia del turismo en regiones considerando que el 70% de los recursos que se generan quedan en la zona donde se emplazan. “El 98% de las empresas que desarrollan esta actividad son pymes, las que generan 650 mil empleos. Por ello parece algo básico profesionalizar el turismo, en el marco del debate de la reactivación económica”, se mencionó.

También se enumeraron algunas actividades y destinos nacionales que concitan la visita de miles de turistas nacionales y extranjeros: el avistamiento de la fauna marina, el recorrido de la carretera austral, la práctica de trekking y escalada en distintos puntos del país o rafting en ríos, las visitas a las Torres del Paine, las cabalgatas en Isla de Pascua y las competencias de triatlón en Viña del Mar y Valdivia.

A su vez, la Sala puso énfasis en aprobar esta propuesta a la brevedad, de manera que pueda ser efectiva en la próxima temporada de turismo con la llegada del verano.

Asimismo, se destacó la importancia de garantizar la debida fiscalización dada la extensión del país y las condiciones de los territorios; y se indicó que hoy se fiscaliza a menos del 10% de los operadores.