Viernes, 29 mayo 2026.- 19:45 pm
La acción busca revertir la aprobación otorgada por el SEA a la iniciativa de exploración minera emplazada en las cercanías del Salar de Tara, área protegida de alto valor ecológico en la Región de Antofagasta.
El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una nueva reclamación presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que aprobó el proyecto “Exploraciones Aida”, desarrollado por Minera Plata Carina SpA en las cercanías del Salar de Tara.
La acción judicial busca dejar sin efecto la resolución del Director Ejecutivo del SEA que revirtió la calificación ambiental desfavorable emitida previamente por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, permitiendo la aprobación de la iniciativa minera.
Según los antecedentes presentados ante el tribunal, la comunidad cuestiona que durante la evaluación ambiental no se habrían considerado adecuadamente observaciones vinculadas a potenciales impactos sobre el sistema hídrico del Salar de Tara, territorio protegido como Reserva Nacional y Sitio Ramsar.
La reclamación también apunta a supuestas deficiencias en la caracterización hidrogeológica utilizada para descartar efectos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos, además de observaciones relacionadas con el componente medio humano y el uso cultural y espiritual del territorio por parte de comunidades indígenas.
En paralelo, los reclamantes solicitaron la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la paralización de las obras mientras se resuelve el fondo del proceso, petición que se encuentra en análisis por parte del tribunal.
El proyecto Exploraciones Aida contempla la ejecución de ocho sondajes mediante perforación diamantina con el objetivo de confirmar o descartar la presencia de cuerpos mineralizados y caracterizar concentraciones de minerales en profundidad. La iniciativa considera una inversión cercana a US$1 millón y un período estimado de ejecución de tres meses.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos asociados a la evaluación ambiental de proyectos mineros en territorios ambientalmente sensibles, particularmente en zonas donde convergen recursos hídricos estratégicos, ecosistemas altoandinos y comunidades indígenas.
