Santiago, 12 de junio de 2025 . 20:17 pm.-
Como una decisión que pone nuevamente en tela de juicio el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, calificaron desde las organizaciones locales y de la sociedad civil que conforman la Alianza Humboldt, el fallo dado a conocer por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional. En éste, se rechazó la concurso de competencias presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental con los votos de las ministras María Silva Gallardo, Marcela Peredo Rojas y el ministro Raúl Mera Muñoz, siendo el voto disidente el de la ministra Nancy Yáñez.
“El proyecto Dominga destruyó el tejido social de La Higuera al dividir a la comunidad; pretende destruir uno de los ecosistemas más ricos y únicos del mundo, junto a los empleos que actualmente se desarrollan en el lugar; y ahora, ha destruido la institucionalidad ambiental del país”, afirmó Rodrigo Flores, pescador artesanal y presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
Otro de los puntos fuertemente criticados por los entendidos en la materia es cómo el caso judicial de Dominga ha ignorado a la ciencia, y afirman que las sentencias se han escondido en tecnicismos administrativos, sin abordar jamás la arista ambiental. Para Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile, esto se explica porque “la justicia ambiental está hecha a la medida de la industria, sin considerar el conocimiento científico de la zona, la protección del medio ambiente y la voz de las comunidades locales”. La directora de la organización de conservación marina afirma que “con el Archipiélago Humboldt no permitiremos que se repita la historia de proyectos como Celco o Pascua Lama, donde la ciencia fue ignorada y se generaron daños irreparables e irreversibles en el medio ambiente”.
Desde el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA), su presidenta, Carolina Bahamondes, afirmó que “no haremos oídos sordos a la corrupción ni a la desidia, aquí hay suficiente ciencia para respaldar el rechazo definitivo de este proyecto, no vamos a permitir que Dominga se instale en nuestra comuna, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, levantando la voz ante la injusticia”. Por su parte, desde Alianza Humboldt Atacama Coquimbo, Nancy Duman, vocera de la agrupación, aseveró que “entendemos que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para resolver esta controversia, no es una luz verde para el proyecto Dominga, ya que aún existen procesos judiciales en curso”. Duman agregó que “este es un proyecto que no cumple con la normativa, está viciado por sus impactos irreversibles y hacemos un llamado a las organizaciones, a la academia ya la sociedad civil a estar alertas porque de llegar a aprobarse este proyecto sería una vergüenza para el país”.
Roxana Núñez, vocera legal de Greenpeace, agrega que «casi doce años después del inicio de su tramitación, Dominga sigue sin jugar limpio. Por el contrario, ha optado por ejercer presión indebida sobre los organismos del Estado y forzar su avance de manera irregular en los tribunales, en lugar de resolver sus múltiples carencias técnicas, las que provocarán un daño ambiental irreparable en la zona. El historial de este proyecto refleja las malas prácticas empresariales, que representan una profunda amenaza para la legitimidad de nuestra institucionalidad ambiental y el futuro en la protección de nuestros ecosistemas”.
La decisión del TC es el golpe de gracia para la institucionalidad ambiental de nuestro país, y las organizaciones de Alianza Humboldt explican que este fallo, no solo pone en primer lugar los intereses de privados por sobre el bien común, si no que destruye lo que se ha construido en términos ambientales desde 2010, avances que fueron posibles en diferentes gobiernos de distintas orientaciones políticas. Las críticas también han venido desde la comunidad científica, donde expertos y expertas que han estudiado el área han coincidido en que el Archipiélago de Humboldt es incompatible con un proyecto de estas características. Al contrario, ningún estudio serio e independiente cuenta con la iniciativa de Andes Iron.
«El Comité de Ministros planteó que existía una disputa de competencias con el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Ahora, lo que el Tribunal Constitucional señala es que esta discusión jurídica no es la instancia adecuada para resolver si lo que el Primer Tribunal Ambiental está diciendo es legal o ilegal, para eso existen otros procedimientos», explicó el abogado Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA. “Por lo mismo, desde Alianza Humboldt continuaremos con los demás procedimientos para que se verifique que aquello que está haciendo el Tribunal Ambiental de Antofagasta es ilegal, y que, como hemos dicho, se trata de un proyecto fallido que está bien rechazado y que debe mantenerse rechazado”, agregó.
El historial de Dominga
Desde antes de que Andes Iron ingresara su proyecto a evaluación ambiental, Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano y vicepresidente de proyectos mineros de la compañía, intercambiaba correos con el subsecretario de minería de la época, Pablo Wagner, preguntándole por los avances del proyecto. Wagner recibió pagos mientras era subsecretario de parte del grupo Penta, cuyo socio mayoritario era Délano y quien poseía el 85% de la empresa minera.
Wagner fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito por los pagos de Penta mientras era autoridad, y en donde intercedió un favor de Dominga. El delito más grave, el de cohecho, fue desestimado por el exfiscal Manuel Guerra, quien repetiría este accionar con los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes zafaron del juicio oral por soborno, y en cambio, se les aplicó sólo una multa y una condena a las famosas clases de ética.
En 2017, una investigación periodística reveló por primera vez los vínculos del expresidente Sebastián Piñera y su familia con Minera Dominga. Se abrió una investigación en fiscalía contra Piñera, pero a los pocos meses fue sobreseído por la Guerra exfiscal.
Sobre esta investigación sobreseída se supo más en 2021 a través del caso Pandora Papers. Existía un contrato de compraventa en que los Piñera le vendían su parte de Minera Dominga a Carlos Alberto Délano, el cual tenía una cláusula muy polémica: condicionaba el pago de la última parte de la transacción, a que no se declarara zona protegida el archipiélago de Humboldt. Una decisión que dependía del gobierno de turno y que se cumplió con Sebastián Piñera como presidente.
La zona no fue declarada área protegida, a pesar de que ya existía una propuesta para ello y, por lo tanto, la sociedad de los Piñera Morel recibió el pago de 10 millones de dólares de parte de Carlos Alberto Délano.
Por este hecho, la fiscalía inició una investigación en contra del expresidente Piñera, por posibles delitos de cohecho, soborno y eventuales delitos tributarios, pero con su muerte, el caso fue sobreseído.
El proyecto Dominga sale nuevamente a la palestra con el caso audios. El ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, le adelantaba al abogado Luis Hermosilla las diligencias que sus funcionarios harían en la investigación que vinculaba a Piñera con Dominga, entregándole información confidencial que llegaba directamente Andrés Chadwick, primo y ex ministro de Piñera.
Pero además el caso ha revelado que Hermosilla actuó junto a la exministra de la Corte, Ángela Vivanco para impulsar las candidaturas a la Corte Suprema -como las de María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Raúl Mera- y boicotear a otras, como las de María Soledad Melo y José Guzmán Dálbora.
El proyecto Dominga ha concluido en tres oportunidades su evaluación ambiental con sendos rechazos por sus graves impactos sobre el medio ambiente y los trabajos sustentables que actualmente se desarrollan en el archipiélago.
