El Presidente Boric, tras reunirse con los comandantes en Jefe, instruyó a la Fuerza Aérea entregar a la fiscalía los antecedentes del caso de tráfico de drogas en la brigada aérea de Iquique.
Su argumento fue la obligación de los órganos estatales de informar al Ministerio Público, lo que implicó un respaldo a la fiscalía. Pero la instrucción no implica que el caso esté zanjado.
La Justicia es quien dirimiría la contienda de competencia.
Martes, 8 julio 2025.- 18:14 pm.-
Ex-Ante
Por qué importa. La instrucción dada por el Presidente Gabriel Boric a la Fuerza Aérea de Chile (Fach) de entregar a la Fiscalía Regional de Tarapacá los antecedentes del caso de tráfico de drogas registrado en la Primera Brigada Aérea de Iquique, mostró un respaldo al Ministerio Público en la disputa de competencias entre ambas instituciones.
La decisión —adoptada tras reunirse con los Comandantes en Jefe en La Moneda—zanjó así políticamente la petición de información realizada por la fiscal regional Trinidad Steinert, pero no quién llevará en definitiva la investigación del caso.
La determinación fue anunciada por el ministro de Seguridad Luis Cordero, quien dijo que “el Presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo que la fiscal de Tarapacá disponga de la información adecuada que ha sido requerida”.
Este artículo es el que obliga a todas las autoridades a responder al Ministerio Público, lo que mostraría el respaldo del mandatario al criterio expresado por la fiscalía, de que ellos debían indagar el caso por tratarse de un delito común, aunque afectara a uniformados.
Que la vocería del caso haya sido adoptada por el ministro de Seguridad mostró que el criterio que primó en La Moneda fue enfrentar el narcotráfico por sobre la interpretación legal sobre la competencia de la justicia militar.
El tráfico en las FF.AA. En la reunión también se acordó que el Estado Conjunto elabore un plan para enfrentar la penetración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por bandas de narcotráfico, especialmente en zonas fronterizas.
Según dijo Cordero, en esto participará también Carabineros y la Policía de Investigaciones.
La determinación se adoptó luego de que el caso de narcotráfico en la Primera Brigada Aérea conocido sábado se sumara al informado en junio en la Segunda Brigada Acorazada ‘Cazadores’ del Ejército, por el que fueron enviados a prisión preventiva siete militares y una civil, contra quienes la fiscalía de Tarapacá formalizó cargos por tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para el narcotráfico.
Ambos afectaron a unidades próximas a la frontera con Bolivia, país productor de cocaína, advirtió en junio el ministro Cordero.
La diferencia es que mientras el Ejército remitió los antecedentes al Ministerio Público para que fueran ellos quienes investigaran el caso, la fiscalía de aviación argumentó que ellos conducirían la indagación.
Esto derivó en que la fiscal regional Steinert ingresara este lunes un escrito a la Corte de Apelaciones de Iquique pidiendo zanjar la disputa de competencia inicial, sobre si la fiscalía de aviación debe o no entregar estos antecedentes.
El oficio del fiscal de aviación. Este lunes, el fiscal de aviación Carlos Yáñez envió un oficio de una página a Steinert, sosteniendo que el caso había ocurrido en una unidad militar y con funcionarios sujetos a la justicia castrense, por lo que sólo le entregaría antecedentes si es que identificaban a terceros ajenos a este sistema.
“En la señalada fecha (3 de julio), al interior de un recinto militar, se detectó a personal Institucional portando sustancias ilícitas objeto de control de la Ley 20.000, razón por la que en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° N° 3° del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 6° de ese mismo cuerpo legal, el Juzgado de Aviación dispuso instruir causa en consideración a la competencia que tienen los Tribunales Militares en tiempos de paz”.
“No obstante, en caso de que en el curso de la investigación se tome conocimiento de la participación de terceros en un hecho ilícito, a quienes no les sean aplicables las normas del Código de Justicia Militar citadas precedentemente, se procederá conforme a derecho con el objeto de que los antecedentes pertinentes sean remitidos al Juzgado de Garantía competente”.
Trasfondo. Cinco son las claves de estos casos que pusieron en alerta al gobierno.
Mostraron la penetración del crimen organizado en instituciones con el monopolio de las armas y con facilidades para desplazar pertrechos por el país.
Afectaron a unidades encargadas de resguardar la frontera con Bolivia, que, como destacó Cordero en junio, es un país productor de cocaína.
La brigada del Ejército ha cumplido labores en Colchane para controlar la crisis migratoria. Esto abre también la puerta a cometer otros delitos como la trata y tráfico de migrantes, además del robo de autos.
Estas vulnerabilidades presentan oportunidades para bandas internaciones como el Tren de Aragua, que controla a los ‘coyotes’ que ingresan migrantes a la región, además de cometer delitos de narcotráfico, secuestros y asesinatos.
Ambas unidades de las Fuerzas Armadas manejan el material más sensible en términos de defensa para el país: los tanques Leopard 2 del Ejército y los aviones F-16 de la Fach, por lo que los casos de corrupción de sus funcionarios implican también una amenaza para la seguridad nacional.
