Municipalidades contarán con nueva regulación para el cierre de calles y pasajes

El texto, que aún deberá resolver un punto de discrepancia con el Senado en una comisión mixta, define los plazos, procedimientos y exigencias que deberán cumplir los vecinos y las autoridades municipales en este ámbito.

Valparaíso, 27 octubre 2021.-

Mejorar la actual normativa relacionada al cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad, es el objetivo del proyecto (boletín 13885) aprobado hoy por la Sala de la Cámara y enviado a comisión mixta por un punto en disputa con el Senado.

En el marco de las atribuciones legales de las municipalidades, se establece que estas podrán autorizar, por un plazo de 5 años, el cierre o la implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos.

En este contexto, el proyecto especifica que, en idénticos términos, se podrá autorizar cuando exista un acceso y salida diferentes. Ello, siempre que no se limite ni entorpezca, en forma alguna, el tránsito peatonal. Además, en todo momento, se permitirá el acceso a los vehículos de emergencia, seguridad y utilidad pública y de beneficio comunitario.

Exigencias

La norma vigente establece que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para otorgar la autorización recién señalada. Para ello, se pedirá, previamente, un informe a las direcciones o unidades de tránsito y de obras municipales. También deberán entregar su parecer la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna.

Para el trámite se exige el envío de una solicitud formal de los propietarios de los inmuebles o de sus representantes o moradores autorizados cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que será objeto de cierre. En ella se deberá señalar su forma de administración.

El texto actual detalla que la autorización deberá ser fundada. Incluirá la especificación del lugar de instalación de los dispositivos de cierre o control. Asimismo, las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, así como los horarios en que se aplicará. Para su revocación se requerirá de una solicitud firmada por, a lo menos, el 50% de los referidos propietarios o sus representantes.

La propuesta aprobada agrega que, con las mismas exigencias, se podrá otorgar autorización para implementar medidas de control de acceso en calles y pasajes que tuvieren un acceso y salida diferentes. En tal caso, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• El ancho de la calzada debe ser inferior a 7 metros.
• Podrá implementarse solamente en la entrada y salida de calles y pasajes cuya extensión no sea superior a una cuadra.
• Estarán autorizados a funcionar por un lapso no superior a siete horas continuas. Excepcionalmente, el municipio podrá autorizar periodos de cierre que no excedan de 10 horas continuas. Ello, fundado en especiales motivos de seguridad y siempre que no haya afectación relevante del tránsito.

Otras normas

Luego, se aclara que la facultad no podrá aplicarse en barrios o zonas declaradas patrimonio de la humanidad. También suprime una norma relativa a la ordenanza municipal que regulaba este tema, el que pasará ahora a normarse por esta ley y por la vía de un reglamento que elaborará el Ministerio del Interior.

En dicho texto, considerada como una “ordenanza tipo”, se determinarán las características del cierre o de las medidas de control de acceso, según corresponda. Entre las consideraciones especiales se velará por que ellas puedan ser desactivadas en caso de emergencia.

Finalmente, en los artículos transitorios se especifica la entrada en vigencia de los reglamentos y ordenanzas relativos a esta ley.

Debate y votación

En la discusión, la mayoría de quienes intervinieron valoraron la propuesta. Resaltaron la importancia que tiene para miles de chilenos que esperan regularizar medidas de control hoy ilegales.

Asimismo, destacaron el espíritu democratizador en el que entrega participación a la ciudadanía y donde se aplicará una norma tipo para todo el país, restando discrecionalidad a las autoridades locales.

Sin embargo, se criticó que se deba llegar a este tipo de medidas, entendiendo que se ha fallado en disminuir la inseguridad social. Además, se criticó una suerte de “privatización” del espacio público y la falta de recursos para apoyar la acción ciudadana.