Defensa penitenciaria logró visibilizar las deficientes condiciones de vida de internas

En su fallo, el tribunal de alzada ordenó solucionar los problemas sanitarios y estructurales que enfrenta el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta en un plazo máximo de dos meses.

Antofagasta, 30 agosto 2023.- 22:38 pm.-

Por: Julia Arriagada Márquez

Como un gran avance en la tarea de mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad en la región, calificó el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo el fallo que dictó la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que acoge el recurso de protección interpuesto por la unidad de defensa penitenciaria contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile respecto de todas las mujeres privadas de libertad, en calidad de imputadas y condenadas, internas en el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta

El fallo, a pesar de reconocer el esfuerzo de la institución por ir solucionando los problemas sanitarios y de infraestructura que afectan al centro penitenciario, dispone que Gendarmería deberá adoptar en forma urgente todas las medidas que sean necearias para restablecer el imperio del derecho, procurando especialmente habilitar y mantener en buen estado los servicios higiénicos de la unidad penal, con la finalidad que puedan ser utilizados por las mujeres internas en los horarios de encierro, teniendo en cuenta que durante la noche las mujeres recluidas sólo tienen acceso a baño entre las 19:00 y 21:30 horas. Entonces, entre las 21:30 y las 08:30 horas, todas las mujeres no cuentan con las mínimas condiciones de higiene y dignidad básicas, ya que al interior de las celdas no hay baños.

Además, la Corte señaló que todas estas acciones se deben desarrollar en un plazo máximo de dos meses y que los temas presupuestarios que pudieren estar obstaculizando estas medidas, no pueden concebirse como una justificación al retraso en la solución a las condiciones de precariedad, que por los efectos que pueden generar en la población penal, revisten caracteres de gravedad.

Al respecto, Barrientos destacó que este fallo es el fruto de un intenso trabajo que han desarrollado las defensoras penitenciarias Camila Leonicio y Francheska Araya junto al coordinador de la unidad, Roberto Vega Taucare quienes asumieron el desafío de visibilizar las condiciones de vida de las mujeres privadas a través de gestiones en todas las instancias judiciales y sanitarias.

De hecho, para adoptar su fallo, la Corte se valió de lo expuesto por los defensores penitenciarios y de informes emanados de la Fiscalía Judicial, la Secretaría Regional Ministerial de Salud y de los jueces de garantía de la ciudad, los cuales además del problema de los baños, detectaron diversas problemáticas tales como el mal estado de la red eléctrica que expone a la unidad penal a riesgos de corto circuitos, problemas en la red de alcantarillado por su antigüedad y deficiencias en la manipulación de alimentos. Asimismo, los informes manifiestan que la red húmeda no se encuentra funcionando, las paredes del centro tienen daños por terremotos anteriores con riesgo de caída, en los patios existen basureros abiertos y sin tapas lo que atrae distintas plagas.  Tampoco existe lavandería a disposición de las internas, quienes deben colgar sus ropas en espacios reducidos del patio generando humedad.

Con todos estos antecedentes, la Corte reseñó que “ha resultado incumplida la normativa nacional e internacional a la que Chile se ha obligado, respecto del tratamiento que debe otorgarse a personas privadas de libertad, a saber, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en cuanto dispone que el personal de gendarmería deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno propio de su condición humana”.

Finalmente, el Defensor Regional destacó que este tipo de acciones jurisdiccionales son el reflejo de la permanente preocupación que la institución manifiesta por las personas sometidas a la privación de libertad, sean imputadas o condenadas, a todas quienes se les acompaña en todas las etapas del proceso procurando el respeto de sus derechos y garantías.