Miércoles, 10 junio 2026 .- 20:54 pm
El diputado por la Región de Antofagasta, Carlo Arqueros, ofició a Codelco tras recibir antecedentes vinculados a un presunto incidente de ciberseguridad que habría comprometido información asociada a la empresa estatal a través de un proveedor tecnológico utilizado por distintas organizaciones de sectores estratégicos del país.
Según los antecedentes conocidos, la eventual filtración involucraría más de 6 terabytes de información y sobre 19 millones de archivos correspondientes a diversas organizaciones. En el caso de Codelco, se mencionan repositorios identificados como “codelco” y “codelco-prepro”, asociados a cerca de 1,24 terabytes de información y más de 1,9 millones de archivos.
De acuerdo con la información recibida, el incidente habría ocurrido durante el mes de abril, bajo la administración encabezada por Máximo Pacheco. Sin embargo, el parlamentario recalcó que corresponde a la empresa aclarar oficialmente la veracidad de estos antecedentes y el eventual alcance de la situación.
“Hemos oficiado a Codelco tras recibir una denuncia anónima con antecedentes sobre un posible incidente de ciberseguridad que podría involucrar información vinculada a la estatal a través de un proveedor tecnológico utilizado por empresas de sectores estratégicos del país. Por ello hemos solicitado aclarar si estos antecedentes son efectivos, cuál podría ser su alcance, qué tipo de información podría estar involucrada y qué medidas se han adoptado para resguardar la seguridad de los datos y la continuidad operacional de la empresa”, señaló Arqueros.
El legislador sostuvo que, por tratarse de una empresa estratégica del Estado, resulta indispensable despejar cualquier duda respecto de la seguridad de sus sistemas y de la protección de la información que administra.
“Por tratarse de una empresa estratégica del Estado, estos antecedentes revisten la máxima gravedad y deben ser aclarados. No estamos aquí para especular, sino para fiscalizar. Si estos antecedentes son incorrectos, corresponde aclararlo. Pero si existe algún grado de afectación, los trabajadores, contratistas y todos los chilenos tienen derecho a conocer qué ocurrió y cuáles son las acciones que se están adoptando para proteger los intereses del Estado”, concluyó.
