El oficialismo ha liderado una ofensiva para desactivar el voto obligatorio de los migrantes, ante la posibilidad de que se inclinen por la derecha. Sin embargo, en 2020 diputados del FA, como Gonzalo Winter, impulsaron dos proyectos para extender su derecho a voto y darles posibilidad de ser candidatos al órgano constituyente.
Jueves, 17 julio 2025.- 17:06 pm
Texto: Ex-Ante
Por qué importa.
El lunes, a cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Cámara de Diputados aprobó en general —por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones— el proyecto que establece multas para quienes no sufraguen en las elecciones presidenciales y parlamentarias con excepción de los extranjeros residentes.
La bancada PC y gran parte del FA votaron en contra de la iniciativa. El PS, PPD y la DC se repartieron entre rechazar el proyecto y abstenerse —que habría sido indicación de La Moneda—, pese a que horas antes algunos parlamentarios se abrieron a aprobar la iniciativa. Durante el debate, diputados lanzaron duros epítetos contra la moción.
Sin una sanción real, la obligatoriedad queda sólo en el papel.
Según sondeos, los votos de los extranjeros son favorables a la derecha, por lo que ese sector se opone a restringirles el sufragio. De un padrón de 15,5 millones de votantes, cerca de 786 mil son extranjeros con residencia de cinco años en Chile.
En las tres últimas elecciones realizadas en el país —dos plebiscitos constitucionales y las elecciones municipales y de gobernadores— hubo voto obligatorio para chilenos y extranjeros y, pese al debate, hubo multas para todos los electores.
Reclamos oficialistas.
En la sesión, la diputada Claudia Mix (FA) cuestionó que la derecha utilice el “debate para cálculos políticos pequeños”. Su par Jorge Brito (FA) añadió: “Aumentar las penas para quienes no participen no va a sanar la relación de la ciudadanía con los políticos ni tampoco les va a salvar el otorgarles la posibilidad de voto a aquellos que ustedes consideran que, sin ser chilenos y chilenas, a ustedes los van a elegir para la elección”.
Los proyectos de 2020.
En enero de 2020, sin embargo, cuatro miembros de la bancada FA —Gonzalo Winter, Catalina Pérez, Natalia Castillo y Gael Yeomans— presentaron un proyecto para modificar la Constitución con el fin de que los extranjeros avecindados en Chile (es decir, que han establecido el país como su residencia habitual) pudiesen votar en el plebiscito de entrada del proceso constituyente.
“Los procesos migratorios están interpelando al Estado chileno, respecto de quiénes se consideran como legítimos y legítimas ciudadanas, con derechos políticos plenos y derecho a ser representados (…). Si entendemos el actual proceso constituyente como punto de partida y no sólo de llegada en el proceso de profundización democrática de nuestra sociedad, aparece así mismo como una oportunidad para resolver esta deuda”, decía la moción en sus fundamentos.
“La comunidad migrante no puede quedar fuera de este proceso participativo, en tanto está constituída (sic) por residentes legítimos de nuestro territorio, que trabajan, estudian, cotizan y producen a la par con las y los nacionales; en razón de esto, debemos evitar cualquier forma de exclusión a los grupos migrantes de la vida política”, agregaba el texto.
Winter y Yeomans fueron más allá y ese mismo mes presentaron otro proyecto, esta vez buscando que los extranjeros avecindados pudiesen ser electos para el órgano constituyente. Ninguna de las iniciativas pasó a segundo trámite constitucional.
El recurso al TC.
En diciembre de 2020, luego de que el Congreso aprobara la Ley de Migraciones, 41 diputados del FA, el PC y el PS —entre ellos, el Presidente Boric y el exministro Giorgio Jackson— presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra 14 artículos de la norma, acusando “un enfoque restrictivo y discriminatorio respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
Uno de los puntos criticados por los parlamentarios fue el artículo que establecía que el conteo de los cinco años requeridos para el avecindamiento de extranjeros se calculara desde que el extranjero obtuvieron un permiso de residencia temporal y no desde su ingreso al país.
Les molestaba sobre todo que en su redacción original el artículo indicara lo siguiente: “La pérdida de la categoría migratoria de residente pondrá término al periodo de avecindamiento y ocasionará la pérdida de todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha”.
En el recurso, los parlamentarios calificaron de “regresivo” aquel artículo, y sostuvieron que la norma afectaba el “desarrollo efectivo de la democracia al vulnerar el valor esencial de igualdad sobre el que se funda”.
El TC emitió su sentencia en enero de 2021 y ordenó excluir de la ley el inciso cuestionado por los parlamentarios de izquierda. Indicó que se alteraba “el sistema electoral público que ordena la incorporación de los extranjeros en un sistema de registro electoral por el solo mandato de la ley, el que se vería obstaculizado por criterios migratorios”.
Bancada migrante.
En 2017, en la previa a las elecciones, un grupo de diputados respaldados por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) crearon la “bancada migrante”, que reunió a parlamentarios desde la UDI hasta el PC. La idea era modificar la ley migratoria y crear políticas de vivienda, educación, trabajo y salud. Entre sus miembros estaban Giorgio Jackson, Karol Cariola (PC), Maya Fernández (PS), Paulina Núñez (RN) y Jaime Bellolio (UDI).
Ese año, tanto Jackson como Bellolio grabaron videos incentivando la participación migrante en los comicios. El entonces líder de RD sostuvo que “son cerca de 267 mil personas que son migrantes y tienen el derecho a voto, así que ojalá que lo puedan ocupar, porque esta tierra es tan suya como nuestra. Ojalá puedan construir el futuro colectivamente con su voto este domingo 19 (de noviembre)”.
