Estados Unidos pone en su lista negra a cuatro nicaragüenses, incluida la hija de Ortega
WASHINGTON, 10 junio 2021.-
(Reuters) – Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a cuatro funcionarios nicaragüenses, incluida la hija del presidente Daniel Ortega, y Washington advirtió que seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del gobierno de izquierda que socavan la democracia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Ortega a liberar a los candidatos presidenciales detenidos, así como a otros líderes de la oposición arrestados durante la última semana en lo que llamó una «ola de represión».
«Estas sanciones demuestran que hay costos para los que apoyan o ejecutan la represión del régimen de Ortega», dijo
Blinken en un comunicado.
«Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios diplomáticos y las herramientas económicas a nuestra disposición para apoyar los reclamos de los nicaragüenses por mayor libertad», añadió.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones el miércoles a la hija de Ortega, Camila Ortega Murillo, quien también es una funcionaria de alto rango del gobierno, y a otros tres personas acusadas por Washington de socavar la democracia, abusos a los derechos humanos y promulgar leyes represivas.
El Tesoro dijo que Camila Ortega administra la estación de televisión Canal 13, un medio de comunicación al que acusa de emitir propaganda.
Los otros sancionados son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y Julio Modesto Rodríguez Balladares, un general de brigada del ejército de Nicaragua y director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar.
El gobierno y el ejército de Nicaragua no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las sanciones.
El miércoles por la noche, la policía rodeó la casa del exdirector de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Mario Arana, según un familiar. Además, una aparente orden de arresto circuló en medios locales con sus datos personales, describiendo supuestos «delitos», como «comprometer la paz o la dignidad de la República».
El Gobierno no respondió a una solicitud de comentarios sobre el documento o su autenticidad.
