Lucha contra corrupción retrocede en Centroamérica

corrupcionSábado, 15 febrero 2020.-

Foto: referencial.

La guerra de América Latina contra la corrupción es algo para celebrar. En los últimos años, 11 presidentes han sido expulsados de su cargo u obligados a responder ante tribunales por tratos corruptos. En un círculo virtuoso de retroalimentación, la indignación ciudadana contra los transgresores oficiales ha envalentonado el llamado a la integridad en el gobierno.

Para una región que ha hecho un guiño a los sinvergüenzas, esto es notable. También lo es el cambio en la conversación pública, que de repente se enfoca en la transparencia, la debida diligencia, el gobierno abierto y la responsabilidad corporativa.

Sin embargo, ese progreso también ha traído una especie de latigazo. Los legisladores brasileños volvieron a posesionar el 5 de febrero a un sospechoso colega cuyo mandato había sido suspendido el año pasado por la Corte Suprema. El éticamente cuestionable congreso de Perú desafió al presidente Martín Vizcarra obstaculizando sus reformas anticorrupción y luego intentó apilar el Tribunal Constitucional con jueces amistosos. Vizcarra respondió disolviéndolo. Los colombianos se quedaron cortos en dos ocasiones con la reforma anticorrupción, primero en un referéndum histórico de 2018 que no logró obtener suficientes votos, y nuevamente en septiembre pasado cuando el Congreso rechazó las mismas medidas. Transparencia Internacional ha descubierto que, a pesar de la revuelta cívica por un gobierno limpio, la mayoría de los latinoamericanos cree que la corrupción sigue sin disminuir.

El retroceso es más evidente en América Central, donde una élite en la política y los negocios ha desafiado a investigadores y tribunales. El gobierno de Guatemala cerró su equipo pionero de investigadores independientes, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en septiembre pasado. Tres meses después, Honduras se negó a renovar el mandato de la análoga Misión para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH).

El colapso de ambas misiones plantea preguntas difíciles para los defensores del gobierno limpio: ¿cómo buscar redes criminales en sociedades donde el sentimiento público está dispuesto pero las instituciones son débiles? ¿Qué sucede cuando los menos interesados en la ley ocupan los cargos más altos?

Ambas preocupaciones habían llevado a Honduras y Guatemala a lanzar sus iniciativas antiimpunidad, aunque con una década de diferencia. La CICIG data de 2006, cuando el gobierno guatemalteco encargó a Naciones Unidas que creara una comisión independiente para acabar con las bandas criminales y los grupos de seguridad en la sombra implicados en violaciones de los derechos humanos durante la prolongada guerra civil. A medida que la paz y la democracia evolucionaron, el panel cambió su enfoque a las redes corruptas que operan dentro del estado. Sus hallazgos llevaron a la purga de cientos de policías corruptos y la condena de decenas de funcionarios de alto perfil. La comisión trabajó en estrecha colaboración con los fiscales guatemaltecos crónicamente mal financiados para exponer una red de fraude aduanero y derrocar al vicepresidente, y eventualmente al presidente Otto Pérez Molina.

Inspirado por los investigadores de Guatemala, Honduras anunció su propio panel de investigación en 2016 para abordar la corrupción política. Aunque la MACCIH operaba con menos influencia y autonomía que la CICIG, y bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos, más amigable, sus investigadores expusieron esquemas de corrupción arraigados, incluido un círculo de malversación de fondos en el corazón del congreso hondureño, aunque los legisladores maniobraron para sofocar el escándalo haciéndose cargo de la investigación.

Los investigadores en Honduras y Guatemala encontraron un obstáculo cuando sus pesquisas contra la corrupción llegaron a los palacios presidenciales. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, intensificó su guerra con la CICIG después de que el panel ayudara a los fiscales nacionales a presentar cargos de fraude contra el hermano y el hijo de Morales, y luego acusara al propio Morales de financiamiento ilegal de su campaña. El rechazo en Honduras se produjo poco después de que el presidente Juan Orlando Hernández viera a docenas de sus asociados y funcionarios del gabinete caer bajo el escrutinio de la MACCIH, y su propio hermano acusado (y luego condenado) en Estados Unidos por ser un “narcotraficante a gran escala”.

Las especulaciones abundan sobre por qué, a pesar del apoyo popular masivo, los rebeldes contra el crimen se quedaron cortos. Una teoría, popular entre los altos cargos, es que los detectives de la impunidad sucumbieron e incluso dieron la bienvenida a la fatiga de la misión. En su defensa, los investigadores de la CICIG notaron que los matones de la guerra civil a los que atacaba originalmente se habían reinventado en tiempos de paz como defensores políticos, protegidos por las autoridades en funciones.

Otra queja señalaba que los fiscales se extralimitaron, convirtiéndose esencialmente en vengadores. Si bien los fiscales importados de Guatemala no estaban facultados para procesar casos o realizar arrestos, gozaban de independencia operativa y una tremenda discreción para iniciar investigaciones y recopilar pruebas. Su responsabilidad ante sus donantes y sus patrocinadores internacionales (la CICIG ante Naciones Unidas y la MACCIH ante la Organización de Estados Americanos), en lugar de la autoridad nacional, dio a las partes ofendidas una excusa para invocar esa vieja castaña latinoamericana: la amenaza a la soberanía nacional.

Como muchas explicaciones pésimas, cada uno de estos argumentos también tiene algo de verdad. Podría decirse que la CICIG hizo enemigos innecesarios al sobreponer su mano. También puede haber fallado políticamente al no convertir los aplausos populares en alianzas estratégicas para continuar su misión.

La justicia en paracaídas es un negocio arriesgado, tan arriesgado como necesario en países donde el estado de derecho es la ley de quienes gobiernan. Ahora que Honduras y Guatemala han retirado sus “sheriffs” importados, el legado de estas misiones inconclusas contra la impunidad no está claro. Un desarrollo esperanzador es que la podredumbre en la parte superior parece haber fortalecido la resolución en la base. “El público ahora es plenamente consciente de los mecanismos de financiamiento de campañas ilegales, la corrupción que involucra a actores no gubernamentales, y cómo los contratos pueden ser lanzados y subvertidos”, asegura el profesor de American University Charles Call, quien ha estudiado el ascenso y la caída de la CICIG.

A pesar de su despido ignominioso, la CICIG y la MACCIH dejaron una huella más amplia, inspirando a los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y al de Ecuador, Lenín Moreno, a crear sus propios paneles similares.

De manera menos alentadora, los operadores corruptos ahora pueden sentirse envalentonados. Después de que el Tribunal Constitucional descalificara la candidatura de la exfiscal general Thelma Adana, cazadora de sobornos, la segunda vuelta presidencial de Guatemala el año pasado se redujo a un concurso entre dos candidatos nublados por escándalos de corrupción. “Muestra lo difícil que es crear el estado de derecho en lugares penetrados por redes ilícitas y profunda corrupción en el estado”, agregó Call. “Existe una preocupación real de que los casos en curso se reviertan y que se produzca una reacción violenta. Podría ser un apogeo para la corrupción en los próximos años. Quizás no sea una coincidencia que a medida que aumenta la percepción de corrupción, la fe en la democracia latinoamericana ha disminuido.

Ese retroceso es malo para algo más que las dos naciones centroamericanas en problemas. Si bien el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha convertido la lucha contra la corrupción en un titular de política, también ha rebajado la supervisión, ha pasado por alto el soborno en los altos cargos y ha atacado a los medios. Bukele tampoco hizo ningún favor a su audaz agenda de reforma anticorrupción enviando a las fuerzas armadas a las cámaras del Congreso opositor de El Salvador. Amenazar la democracia no es manera de erradicar a los malos actores en la cima.

No es noticia que la violencia criminal y las economías arruinadas agoten la riqueza y reduzcan las oportunidades en casa. El costo de la corrupción puede ser menos obvio, pero también alimenta el éxodo retrasando el desarrollo, estafando las arcas públicas y obligando a las personas a lidiar con policías corruptos, justicia tendenciosa o burócratas. Centroamérica pierde hasta US$13.000 millones al año por evasión de impuestos y sobornos.

No hace mucho, Washington entendió la conexión y comprometió fondos, asesores y respaldo diplomático a Centroamérica. “Es necesario construir instituciones para fortalecer a los gobiernos, incluido un poder judicial fuerte para luchar contra la corrupción”, afirma Giancarlo Morelli, que analiza a América Central para Economist Intelligence Unit. “El aliado clave en este esfuerzo siempre ha sido la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, hasta ahora”.

Bajo Trump, la mirada hacia el sur de EE.UU. ha pasado de construir instituciones a levantar muros y cables de concertina. Ese cambio no ha pasado desapercibido en Honduras y Guatemala, cuyos gobiernos ganaron las bendiciones de Washington por respaldar una línea más dura sobre la migración y las drogas, incluso mientras saboteaban a los cazadores de corrupción internacionales (tampoco hizo mal que Guatemala se convirtiera en el primer país en seguir a Trump cambiando su embajada israelí de Tel Aviv a Jerusalén).

Toda esa buena voluntad hacia los gringos no frenará a los bandidos en el poder más de lo que disuadirá a quienes se dirigen al norte en busca de refugio de su red criminal. De esta manera, el colapso de la agenda de integridad en Centroamérica también es un flagelo para EE.UU.